Justicia y Derecho 

Planteamos en este apartado el tema más arduo y más controvertido de los que se refieren al concepto del Derecho. En un tiempo en el que tan fácilmente se pasa de los dogmatismos más infundados a los relativismos más escépticos, se hace cada vez más insistente la pregunta de si, realmente, la Justicia es una dimensión integrante de la definición verdadera del Derecho.

Digamos en primer término que, en nuestros días, apenas se discute la posibilidad contraria, es decir, el que pueda construirse una definición de Derecho a base sólo de su dimensión axiológica o valorativa. No obstante, tal posibilidad, que indudablemente entraña una pretensión reduccionista, ha tenido en su momento vigencia histórica. En efecto, lo que llamamos interpretación racionalista del Derecho o, más propiamente, interpretación idealista, pretende, en el extremo opuesto de la interpretación materialista, que el orden jurídico entero puede y debe ser deducido íntegramente a partir de la idea pura, es decir, de la idea apriorística de Justicia, sin que se haya de tener para nada en cuenta el mundo de los hechos.

Esta descabellada pretensión, que tantas veces se ha hecho pasar por la auténtica pretensión del Derecho natural oscureciendo los conceptos de manera
tal que casi parece irremediable, proviene de un entendimiento deplorable de lo que sea la razón del hombre, entendimiento que, venturosamente, la crítica post hegeliana ha descalificado para siempre.

En la actualidad, como es sabido, el tema discutido es el contrario, es decir, si por Justicia ha de entenderse algo más que un ideal puramente formal susceptible de recibir después cualquier contenido, o si se trata de un ideal decididamente irracional que expresa únicamente la infinitud del deseo humano pero que es incapaz de suministrar indicaciones objetivas, y, sobre todo, si la Justicia ha de integrarse de algún modo en el concepto del Derecho.

Así planteado el tema, es preciso poner de relieve que dos son, en nuestros días, las maneras fundamentales de negar los juicios objetivos de valor: la que mantiene que nuestras estimaciones axiológicas son puras convenciones, representada, entre otras direcciones, por el funcionaHsmo, el neo-utilitarismo y la filosofía analítica; y la que interpreta los juicios de valor como proyecciones colectivas racionalizadoras de la praxis, mantenida por la teoría crítica, la sociología del conocimiento y el neo-marxismo, entre otras posturas.

Para la primera de estas direcciones, los juicios objetivos de valor representan una atribución ilegítima a un objeto observable, y por tanto real, de una cualidad absolutamente inobservable, y por ello mismo ilusoria. Se dice, por ejemplo, que la guerra es mala, pero ello sólo puede significar que «nuestro grupo estima … », «la cultura en la que se profiere ese juicio afirma … » o, sencillamente, «yo pienso … » que la guerra es mala. 

De ninguna manera puede significar objetivamente que en realidad lo sea. Decir de algo que es justo o injusto, bueno o malo, sería atribuir a objetos perfectamente reales cualidades inobservables, perfectamente irreales o ilusorias. Los juicios de valor son, pues, convenciones, en principio completamente arbitrarias, de hecho útiles y, eventualmente, impuestas por la fuerza, pues el aparato sancionador que las respalda mientras vigen promueve la adaptación social y castiga las desviaciones del comportamiento paradigmático. Lo que no pueden pretender en absoluto estas convenciones es ninguna clase de transcendente objetividad. 

A una conclusión semejante, aunque por caminos completamente distintos, llega la otra manera o dirección contemporánea de entender los juicios de valor. Para ella tales juicios de valor son proyecciones humanas colectivas, arraigadas en infraestructuras específicas de la historia y mantenidas como subjetivamente reales por procesos generadores de plausibilidad. 

La ilegítima pretensión de validez objetiva, de validez per se, que se atribuye a algunos de esos juicios —<:omo si procedieran de la esfera del ser o de un supuesto orden de la naturaleza- realizaría estrictamente, en opinión de la teoría crítica, el concepto de alienación, es decir, la imposición de ficticias inexorabilidades a un mundo humanamente construido.

La tarea del pensamiento, también la del pensamiento jurídico, naturalmente, consistiría en el intento crítico de racionalización constante de la praxis, haciendo imposible, por una parte, la cristalización-paralizadora- de cualquier objetividad, y, por otra, orientando incesantemente el futuro hacia la emancipación plena del hombre.

Negar la objetividad y transcendencia de los valores, el carácter incondicional de la Justicia y la injusticia, ha sido, sin duda alguna, la tarea preferida de una gran parte del pensamiento moderno. Pero nos preguntamos, también con insistencia, si una vez destruido el carácter incondicional de los valores podríamos seguir pidiendo con palabras claras el mejoramiento de las instituciones existentes, la descalificación de los crímenes en forma de ley -¿en nombre de qué?- o, incluso, la búsqueda progresiva de la emancipación húmana en una sociedad cada vez más justa.

Es indudable, y no lo desconocemos, que también nuestra afirmación acerca de la posible objetividad de los juicios de valor está sometida, en nuestro tiempo, a poderosas críticas, pero no vemos la manera de negar la incondicionalidad de la Justicia, de la existencia objetiva de un orden de valores  cuya subjetiva apropiación es, con frecuencia, fatigosa y difícil- y, como consecuencia de ello en el ámbito de la filosofía jurídica, la integración de una dimensión valorativa en la verdadera definición del Derecho.

Una última precisión podría ser hecha en este punto a propósito de esta discutida integración. Supongamos que una exigencia jurídica lleva al órgano que ha de aplicarla a un comportamiento injusto, ¿ bastará con decir que el que ha de aplicar en ese momento el Derecho queda desligado en su conciencia, pero subsiste, en el plano jurídico positivo, la fuerza vinculante del precepto? En este caso se presentaría verdaderamente una situación auténticamente paradójica: en cuanto persona que decide moralmente el aplicador del precepto quedaría desvinculado de él, pero en cuanto órgano jurídico quedaría vinculado por él. Naturalmente, tal paradójica situación no puede mantenerse.

Si se quiere ser riguroso, incluso lógicamente riguroso, habrá que caer en la cuenta de que no basta con decir que es la conciencia la que queda desligada. Habrá que añadir que, en ese caso, no subsiste tampoco la fuerza vinculante, jurídico-positiva, del precepto. Es la categórica afirmación de los antiguos maestros: una ley injusta no es ley. Pero, observémoslo, todo ello no en virtud de decisiones subjetivas -pues no habría forma de mantener así un orden jurídicosino por decisiones objetivas tomadas en virtud de criterios objetivos.

El Derecho, según hemos visto hasta ahora, está conformado por elementos pre-positivos y por elementos puramente positivos. En este momento es preciso añadir que en su conformación intervienen también elementos supra-positivos. Y de la misma manera que si faltan los primeros la norma no tiene existencia jurídica, lo mismo cabe decir si faltan éstos. Sencillamente, no tendría validez, carecería de existencia jurídica, no sería aplicable, en definitiva, «no sería ley».

En relación, pues, con esta última dimensión axiológica o valorativa, debe decirse lo mismo que se indicó respecto de las dimensiones anteriores: ella sola no basta para dar razón del concepto del Derecho pero es rasgo esencial de ese concepto, verdadera característica definitoria del mismo, y por ello no puede ser excluída, sino que ha de incluirse en una correcta definición del Derecho