Las que las normas jurídicas establecen pueden ser clasificadas desde muy diversos puntos de vista. Un primer criterio consistiría en agruparlas paralelamente a las diversas ramas del derecho.

Desde este ángulo visual descubriríamos tantas especies de sanciones como disciplinas jurídicas especiales: civiles, penales, administrativas, internacionales, etc. Semejante criterio no satisface, porque aun cuando es cierto que la índole de las normas sancionadas determina a veces la de las respectivas sanciones, también es verdad que ello no pasa siempre, y que hay formas sancionadoras generales, es decir, aplicables a toda clase de preceptos, independientemente de su materia, como, por ejemplo, la nulidad o la multa.

En nuestra opinión, las sanciones jurídicas deben ser clasificadas atendiendo a la finalidad que persiguen y a la relación entre la conducta ordenada por la norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción.

Si la sanción es consecuencia jurídica de carácter secundario, tendrá que manifestarse dentro de las formas peculiares de toda consecuencia de derecho.

 Por regla general, las sanciones se traducen, relativamente al sujeto a quien se sanciona, en deberes que, a consecuencia de la violación, le son impuestos.

En esta hipótesis, el incumplimiento de un deber jurídico engendra, a cargo del incumplido, un nuevo deber, constitutivo de la sanción.

La inobservancia de un deber contractual, verbigracia, puede producir, a cargo del sujeto de ese deber, la obligación de pagar los daños y perjuicios derivados de su actitud antijurídica.

Lo propio sucede cuando se sanciona la infracción de un reglamento administrativo con la obligación de pagar una multa, o cuando, por la comisión de un delito, se impone al delincuente una pena privativa de su libertad; pues ésta implica, para el castigado, una serie de deberes: no evadirse, aceptar los reglamentos de la prisión, observar buen comportamiento, etc.

La conducta impuesta a quien se sanciona puede coincidir materialmente con el proceder prescrito por la regla violada. Esto no significa que la sanción (consecuencia jurídica secundaria), y el deber cuyo incumplimiento le da origen (consecuencia jurídica primaria), se confundan.

Aun cuando tengan igual contenido, no es difícil distinguirlos, porque son obligaciones que nacen de preceptos diferentes. Supongamos que un individuo se ha obligado, en virtud de una compraventa, a entregar al comprador la cosa vendida. Si no cumple con su obligación, puede acontecer que el otro contratante demande el cumplimiento y obtenga del juez un fallo favorable.

En tal hipótesis, tendrá el juzgador que condenar al demandado a que entregue la cosa, es decir, a que haga aquello que debía hacer y no hizo.

Sólo que la obligación impuesta por el juez (constitutiva de la sanción), no deriva directamente del contrato, sino del fallo judicial. Además, es posible invocar éste como título ejecutivo, de tal modo que si el demandado no cumple con la sentencia dentro del término concedido, cabe constreñirlo a que lo haga. O, expresado en otra forma: la sanción impuesta en el fallo es el antecedente inmediato del acto de coerción, cosa que no sucede con el deber jurídico primario.

Puede ocurrir que la sanción se traduzca, relativamente al sancionado, en uno o varios deberes impuestos a éste por la norma sancionadora, y que esos deberes coincidan materialmente con aquellos otros cuya inobservancia hace al incumplido acreedor a un castigo.

Pero tal coincidencia no es necesaria, como tampoco es indispensable que la sanción se traduzca en uno o varios deberes jurídicos del sujeto a quien se sanciona. La sanción estriba, a menudo, no en nuevas obligaciones, sino en la pérdida de derechos preexistentes (caso de la rescisión, verbigracia).

Si examinamos las relaciones que median entre el contenido de la sanción (relativamente a quien la sufre) y el deber jurídico cuya inobservancia le da origen, tendremos el mejor criterio para una división general de las sanciones jurídicas.

Estudiemos esas relaciones. Las dos posibilidades con que nos encontramos son, lógicamente, las de coincidencia y no coincidencia.

Cuando el contenido de la sanción coincide con el de la obligación condicionante, estamos ante el caso del cumplimiento forzoso, que es el más frecuente en el derecho privado.

Como el nombre lo indica, consiste en exigir oficialmente, y de manera perentoria, la observancia de la norma incumplida, apercibiendo al sancionado de que, si no cumple, se le aplicará la sanción de modo violento.

Si en una sentencia se declara que X debe pagar a R veinte pesos que el primero recibió en préstamo del segundo, y se da a aquél un plazo de dos días para acatar el fallo, con apercibimiento de que, si no lo acata, sus bienes le serán embargados, el deudor adquiere una nueva obligación, distinta de la que asumió al celebrar el contrato.

El primer deber nace del mutuo; el segundo es impuesto por el órgano sancionador, a través de sentencia. Y si ésta no es obedecida de manera espontánea, el acreedor tiene derecho de exigir que se coaccione al obligado.

Con toda claridad se advierte aquí la diferencia entre la sanción y los actos coactivos. La sanción implica una exigencia que encierra una amenaza; la coacción es el cumplimiento de esta última.

Conviene insistir en que la obligación de aplicar una sanción a la persona que ha faltado a la observancia de una norma, no ha de confundir- se con los deberes que, a través del acto sancionador, son impuestos a aquélla. En el caso del cumplimiento forzoso hay que distinguir la obligación que el órgano tiene de exigir del violador que cumpla con su deber, y el deber del sancionado de someterse a tal exigencia.

Para mayor claridad, volvamos al ejemplo del préstamo. Si R no paga los veinte pesos que X le prestó, y el acreedor presenta demanda en contra del deudor y prueba su derecho, el juez está obligado a condenar a la la devolución de lo prestado, con el apercibimiento de que, si no lo hace, se le forzará a ello; pero el deber del juez de condenar al cumplimiento no se confunde con el deber del deudor de hacer lo prescrito por aquél o, lo que es lo mismo, con el de acatar la sentencia.

Y aun cuando en ésta se condene al pago de los veinte pesos, tal obligación no se identifica con el deber jurídico primario, porque no deriva del contrato de mutuo, sino del fallo judicial y, además, porque la obligación impuesta en es antecedente inmediato del acto coactivo, lo que no ocurre en el otro caso.

Pero, como arriba dijimos, el contenido de las dos obligaciones es el mismo, porque la sentencia no hace sino condenar al demandado a la entrega de la cantidad que debía.

Por ello afirmamos que, en el caso del cumplimiento forzoso, hay coincidencia entre el contenido del deber primario y el de la sanción, o deber jurídico secundario. La primera forma de sanción implica una substitución de la primitiva obligación incumplida por una obligación nueva, de con- tenido idéntico y diversa fuente, impuesta al sancionado por el órgano jurisdiccional, bajo amenaza de coacción. Y así como hemos distinguido el deber de sancionar y la sanción misma, podemos distinguir el deber de coaccionar y los actos coactivos. Pues la coacción sólo es legalmente posible, tratándose de la forma de sanción que examinamos, si el sancionado se niega a someterse a la resolución judicial de un modo espontáneo. El deber de coaccionar es, por tanto, consecuencia jurídica terciaria, que sólo puede nacer si el sancionado no acata la sentencia en que se le condena a cumplir.

Algunas veces no es posible lograr de manera coactiva la observancia de una obligación, pero existe la posibilidad de exigir oficialmente al incumplido que realice una prestación equivalente a la que dejó de realizar. La sanción tiene entonces como fin asegurar al sujeto que ha sido víctima del acto violatorio, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Esto supone naturalmente un cálculo económico de los mismos, en función de la importancia de las prestaciones no ejecutadas. En el caso no hay ya coincidencia de la conducta obligatoria con el contenido de la sanción, pero entre ellos media una relación de equivalencia. Esto quiere decir que los deberes que la sanción implica, relativamente al sancionado, representan económicamente lo mismo que aquellos otros que dejó de cumplir, y que las consecuencias materiales y morales del acto antijurídico. De aquí que la indemnización no comprenda sólo los daños, sino también los per- juicios.10

Las sanciones no se agotan en los dos tipos, ya examinados, del cumplimiento forzoso У la indemnización. No siempre es posible exigir coactivamente el cumplimiento, ni encontrar un equivalente económico adecuado. Por otra parte, la violación tiene, en ocasiones, tanta gravedad, o amenaza a la sociedad de tal modo, que la indemnización resulta insuficiente.11 En tales casos no se trata de corregir un daño, acaso irreparable, sino de imponer al violador una pena. De este modo encontramos, al lado del cumplimiento forzoso y la indemnización, la figura jurídica del castigo, tercera forma sancionadora.

Al declarar que es una de las formas generales en que las sanciones jurídicas pueden manifestarse, no queremos referirnos exclusivamente al caso de la sanción penal que más adelante estudiaremos sino a todas aquellas sanciones cuya finalidad no estriba en lograr coactivamente el cumplimiento de un deber jurídico, ni en conseguir determinadas prestaciones económicas equivalentes a los daños y perjuicios derivados del acto violatorio (por ejemplo, las diversas formas de nulidad; 12 el derecho concedido a los contratantes de rescindir un negocio jurídico bilateral, cuando la otra parte se niega a cumplir; lamulta, etc.).

Las distinciones anteriores pueden resumirse en el cuadro sinóptico que a continuación ofrecemos:

Los tipos a que el cuadro se refiere constituyen las formas simples de las sanciones jurídicas; pero al lado de ellas existen las mixtas o complejas que, como su denominación lo indica, resultan de la combinación o suma de las primeras. Hay varias combinaciones posibles, a saber:

1. cumplimiento indemnización.
2. cumplimiento + castigo.
3. indemnización + castigo.
4. cumplimiento indemnización + castigo.

Al lado de las tres simples existen, por tanto, cuatro formas mixtas.

La existencia de las segundas revela la complejidad de los fines reglas del derecho pueden perseguir. Pongamos algunos ejemplos:

Primer caso: cumplimiento + indemnización.

Un trabajador, despedido de su trabajo sin causa justa, demanda su reinstalación y el pago de salarios caídos.

Si el patrón no demuestra la justificación del despido, la Junta de Conciliación y Arbitraje que conozca del asunto debe condenar al demandado a reinstalar al actor en su puesto y a pagarle por concepto de indemnización los salarios que habría ganado en la hipótesis de que el contrato hubiera sido cumplido, es decir, los comprendidos entre la fecha de la separación y la reposición en el empleo.

Un mismo hecho antijurídico (el despido sin justificación), da nacimiento en este caso a una sanción mixta, que persigue, de una parte, el cumplimiento del contrato de trabajo y, de otra, la indemnización por el tiempo que el reclamante ha perdido.

Segundo caso: cumplimiento + castigo.

Cuando al celebrarse un contrato se estipula cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla puntualmente, el acreedor tiene derecho a exigir que se constriña al deudor al cumplimiento y al pago de la pena convencional (art. 1846 del Código Civil).

Tercer caso: indemnización + castigo.

La comisión del delito de robo engendra a cargo del ladrón la obligación de reparar el daño que ha causado (restituyendo la cosa robada) y lo hace acreedor, además, a determinadas penas (privación de la libertad y multa). La multa puede ser un simple castigo o tender a la indemnización. Lo último ocurre cuando una parte de aquélla, o la totalidad de la misma, se entrega al dueño de la cosa.

Cuarto caso: cumplimiento + indemnización + castigo.

Supongamos que un trabajador, a quien no han sido pagados sus salarios en la fecha y lugar convenidos, da por rescindido su contrato y exige del patrón el pago de lo que se le debe y la indemnización de tres meses que para estos casos señala el artículo  de la Ley Federal del Trabajo.

En esta hipótesis, un mismo hecho antijurídico, la falta de pago de los salarios en la fecha y lugar estipulados, condiciona la existencia de una sanción mixta, que persigue la triple finalidad del cumplimiento, la indemnización y el castigo. Este último estriba en la rescisión del contrato; la indemnización, en el pago de los tres meses, y el cumplimiento, en la entrega de las cantidades no cubiertas.

El caso de las sanciones mixtas no debe ser confundido con el de la acumulación de sanciones. Aquéllas son consecuencia de una sola violación; la acumulación supone la existencia de varios hechos violatorios, cometidos por una sola persona.

La acumulación implica, pues, como dicen los penalistas, una pluralidad de acciones y de resultados.

Si varios hechos delictuosos derivan de una sola acción (concurso ideal o formal), no hay acumulación de sanciones, sino agravación de la pena que corresponde al delito mayor.’